Ya hay 32 sentencias favorables a los objetores a EPC
Las siete últimas son del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
Para José Luis Bazán, coordinador de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, la avalancha de sentencias favorables a los objetores “no hace sino reconocer los derechos fundamentales de los padres, concretamente los recogidos en la Constitución Española y avalados por la jurisprudencia nacional e internacional”.
Fabián Fernández de Alarcón, secretario general de Profesionales por la Ética, exige al Gobierno, a las administraciones educativas y a los medios de comunicación progubernamentales una rectificación inmediata. “Concretamente”, afirma Fernández de Alarcón, “pedimos que se pida perdón a los padres objetores, a los que se les ha amenazado, denostado, presionado y despreciado desde numerosas instancias. Y, naturalmente, solicitamos la retirada de las asignaturas que conforman el área de Educación para la Ciudadanía tal como están establecidas por los reales decretos ministeriales.”
Además de éstas sentencias, hasta ahora en Andalucía, La Rioja y Aragón se han emitido unos 40 autos judiciales que, con carácter provisional hasta la resolución del procedimiento, permiten que los alumnos objetores no entren a clase de EpC (Educación para la Ciudadanía) y no sean evaluados.
Por otra parte, una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha confirmado hoy mismo la existencia del derecho a la objeción de conciencia frente a EpC, reiterando así el criterio adoptado en sus anteriores resoluciones. Sin embargo, a diferencia de otras sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en esta ocasión se reconoce el derecho de los padres a objetar aún en el caso en el que sus hijos todavía no estén cursando la asignatura.
El citado órgano judicial subraya la tutela que merecen los padres objetores frente a EpC ante vulneraciones concretas de su libertad ideológica o religiosa por parte de los centros o el profesorado, que podrá ser probado en el caso concreto. La jurisprudencia del citado Tribunal desdice nuevamente las tesis gubernamentales y del tejido social y político afín, que continúan negando la evidencia jurídica de que en España la Constitución reconoce el derecho a la objeción de conciencia educativa, y dan muestras de intolerante ignorancia que quiebra gravemente la libertad en la sociedad española.
El Tribunal asturiano -como de forma contundente han afirmado ya los Tribunales Superiores de Andalucía yde La Rioja-, se suma de este modo a la tesis defendida por el movimiento cívico objetor del reconocimiento constitucional del derecho a la objeción de conciencia frente a EpC.