Cultura de la muerte. En una nueva maniobra contra el derecho a la vida, un grupo de trabajo de Naciones Unidas ha exigido que los Estados «prohíban la objeción de conciencia» del personal sanitario.

La cada vez mayor expansión de la mentalidad provida entre las nuevas generaciones está desatando las iras de la industria del aborto. El último ejemplo ha sido la exigencia que ha puesto sobre la mesa un grupo de «expertas en Derechos Humanos» de la ONU, que ha pedido a los Gobiernos que todos los hospitales, médicos, enfermeras y personal sanitario sean obligados a practicar el aborto, sin excepción.

Según ha informado el Center for Family & Human Rights (C-Fam), una entidad apolítica con sede en Nueva York que fiscaliza e interviene en los debates de la ONU, el «Grupo de Trabajo de la ONU contra la Discriminación contra las Mujeres y las Niñas» ha publicado un informe en el que sostiene que los Estados tienen la «obligación internacional» de garantizar que todos los hospitales, incluso los de inspiración religiosa, realicen abortos. Más aún, el documento califica la objeción de conciencia como «inadmisible» en el caso del aborto, y la tacha de «violación de los derechos humanos».

Sin pronunciarse en ningún momento sobre los derechos humanos del nasciturus, ni sobre la discriminación que supone el aborto de niñas por razón de su sexo, el grupo de expertas afirma en su informe que «el Estado debe prevenir y reformar las leyes que extienden excesivamente la objeción de conciencia y que permiten que creencias personales sexistas y patriarcales determinen la prestación de atención sanitaria».

Prohibir la objeción de conciencia

El grupo de trabajo, compuesto por cinco activistas feministas de Uganda, China, México, Serbia y Estados Unidos, sostiene que los derechos de conciencia no aplican a instituciones, sino únicamente a individuos, y que incluso en este caso específico deben ser «estrictamente definidos» en orden a eliminarlos.

«Los Estados deben prohibir la objeción de conciencia institucional, incluso la de facto, para garantizar la igualdad de acceso a los servicios de salud», insisten. Y reclaman la obligación de los hospitales de contar con médicos dispuestos a practicar abortos en su plantilla y, si es necesario, discriminar o despedir a aquellos profesionales con convicciones provida –incluso en el caso de las mujeres médicos y enfermeras, a pesar de tratarse del Grupo de Trabajo de la ONU contra la discriminación de mujeres y niñas-.

Objetivo: eliminar cualquier obstáculo al aborto

El informe, denuncia C-Fam, pide que los Gobiernos «regulen estrictamente» la objeción de conciencia y cualquier otra situación legal, para «garantizar» el «acceso al aborto sin restricciones». Y en el caso de que ningún médico del centro quiera practicar un aborto, las «expertas» reclaman que, directamente, no puedan negarse.

El texto va aún más lejos al afirmar que enfermeras y otro personal sanitario tampoco deberían poder acogerse a la objeción de conciencia, ya que, según el informe, esta solo aplica a quienes están «directamente involucrados» en el procedimiento, pero no a quienes brindan apoyo auxiliar, administrativo o instrumental.

El informe insiste en que los gobiernos deben eliminar cualquier barrera al aborto, incluyendo las «actitudes sexistas» y los «estereotipos de género dañinos» que, según ellos, obstaculizan su acceso. También demandan la despenalización total del aborto en todas las circunstancias, para evitar que los médicos se abstengan de practicarlo por miedo a consecuencias legales.

Además, el grupo de la ONU propone que cualquier mujer a la que se le niegue un aborto debe poder demandar al Gobierno, a los médicos e incluso a los hospitales, para «garantizar sus derechos humanos». De los derechos humanos del nasciturus tampoco suscriben nada en este punto.

EL DEBATE 09/02/2025