En el primer artículo explicamos lo que la ley, una vez aprobada con sus enmiendas en el Congreso, estipula sobre la libertad de las familias para escoger colegio, la financiación de la enseñanza concertada, la educación especial y las “escuelas gueto”. En la segunda parte se abordarán los demás temas polémicos: el modelo diferenciado, la asignatura de Religión, o la cuestión de la lengua vehicular, entre otros.

Educación especial, también subsidiaria

Otra de las verdades a medias de la ministra en la mencionada entrevista tiene que ver con la educación especial. Según Celaá, la ley no cambia prácticamente nada respecto al statu quo; simplemente se subraya una apuesta por la inclusión de los alumnos con necesidades educativas especiales, pero “se contará con la opinión de las familias para destinar a sus hijos a un centro de educación especial”.

La mayor parte de la segregación socioeconómica entre escuelas se debe a la que se da entre los barrios, y la LOMLOE la aumentará

Lo cierto es que el texto de la LOMLOE dice que en la decisión sobre dónde escolarizar a uno de estos estudiantes, “las Administraciones educativas regularán los procedimientos que permitan resolver las discrepancias que puedan surgir, siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor y la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo”. Así pues, no todas las opiniones de los padres van a contar lo mismo, sino que se valorarán más aquellas que coincidan con la preferencia general que expresa la ley hacia la matriculación en colegios ordinarios, que el ejecutivo considera más inclusivos. Es cierto que en la LOE ya se señalaba esta preferencia, pero no al punto de ponerla por encima de la voluntad de las familias.

La intención de restar importancia a los centros de educación especial se consuma, como en el caso de la concertada, de forma indirecta: no se eliminan, pero se dan pasos para volverlos irrelevantes. En concreto, una disposición adicional señala el compromiso de desarrollar “un plan para que, en el plazo de diez años, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad”, objetivo muy loable siempre que, a continuación, no se margine a los de educación especial para los alumnos que requieran “una atención muy especializada” y, en todo caso, como “centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”.

En lo que la ley sí da un paso adelante en inclusión es en su compromiso de reservar un número de plazas de formación profesional para alumnos con discapacidad, una medida que puede ser muy útil para su inserción laboral.

Equidad y “guetos”

Uno de los leitmotiv de la nueva ley es su pretendida voluntad de favorecer la equidad del sistema educativo, y en particular acabar con las escuelas “guetos”, aquellas que concentran a un alumnado mayoritariamente vulnerable por su bajo perfil económico, su condición de inmigrante, o las dos. El deseo es loable: resulta necesario eliminar las barreras externas que impiden a algunos estudiantes desarrollar todo su potencial.

Lo que no es tan acertado es el camino planteado por la ley para lograrlo. La LOMLOE centra su estrategia en eliminar las ya mencionadas cuotas de la concertada, pero, tal y como se ha explicado antes, ni la mayoría de estas son abusivas (las leyes anteriores permiten vigilar y sancionar tales comportamientos, algo que también se apoya desde el propio sector concertado), ni estos pagos son la principal causa de la “guetificación escolar”.

Como señalaba un informe de Save the Children publicado en 2019, la gran mayoría de la segregación socioeconómica no se produce inter-redes, sino intra-redes. Es decir, hay escuelas gueto y escuelas elitistas tanto en la concertada como en la pública (ver Aceprensa, 26-11-2019). ¿Cuál es el principal factor que explica estos fenómenos? El geográfico: los centros situados en barrios pobres suelen contar con un alumnado similar, y lo mismo sucede en los más ricos.

Sin embargo, y aquí está lo paradójico, la nueva ley combina medidas interesantes para “desguetificar”, como distribuir equitativamente alumnos vulnerables entre centros públicos y concertados, con un refuerzo del criterio geográfico para asignar las plazas escolares, que tendrá el efecto opuesto. De hecho, el texto establece que este factor será el único que pueda “pesar” más del 30% en el baremo por el que se distribuye a los estudiantes (artículo 84, apartado 2), cosa que no ocurre por ejemplo con la renta familiar.

En cambio, sí tiene más sentido igualador el compromiso que asume la ley de promover “programas que faciliten la disponibilidad de forma gratuita de libros de texto y otros materiales curriculares a través de un sistema de préstamos o ayudas”, algo que ya han desarrollado por su cuenta algunas comunidades autónomas.

ACEPRENSA

Ossorio: “Madrid hará lo contrario de la ley Celáa y primará el esfuerzo

El consejero madrileño de Educación, Enrique Ossorio, considera que la ley Celáa va a “rebajar la calidad del sistema educativo español” y acabar con “cualquier requisito que implique exigencia”, por lo que la Comunidad de Madrid hará “exactamente lo contrario” y primará “el mérito y el esfuerzo”

A través de la ley Celáa, el Gobierno de España y sus socios parlamentarios “quieren rebajar la calidad del sistema educativo español y esto se observa en las distintas normas de desarrollo de esta ley”, como el proyecto de real decreto de promoción, titulación y evaluación, donde “se permite pasar de curso en la ESO con cualquier número de suspensos”, ha dicho el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio.

“Ahora asistimos con asombro al proyecto de real decreto de currículo de Primaria que, al abordar las Matemáticas “se habla de su sentido socioemocional, del bienestar del alumno, de la perspectiva de género”, añade en un mensaje de audio remitido a los medios de comunicación. “Está claro que el gobierno de Pedro Sánchez quiere acabar con cualquier tipo de requisito académico que implique al alumno exigencia y esfuerzo”, recalca el consejero.

En la Comunidad de Madrid, “opinamos exactamente lo contrario y, en todo aquello que nosotros desarrollemos de la ley Celáa vamos a primar el mérito y el esfuerzo. También en nuestros programas educativos como el STEM para promover las vocaciones científicas y tecnológicas”, concluye Ossorio.

También se ha unido el consejero de Interior, Enrique López

En la misma línea, el consejero de Interior y Justicia, Enrique López, ha dicho que el PSOE, “impidió que hubiera cualquier tipo de acuerdo” al no permitir al PP participar en la elaboración de las leyes, y ha recordado, en declaraciones a Telemadrid, que “la Constitución permite a los padres elegir el tipo de Educación a sus hijos”.

A su juicio, “hay que distinguir la ideología de la moral, la ética y la cultura. Tememos que educar a nuestros jóvenes en la libertad de pensamiento. Las palabras Educación y adoctrinamiento son incompatibles. Los valores que tenemos que promover son los que establece la Constitución”.

Según López, “todo lo demás es querer introducir ideología en las aulas, que deben ser neutrales y no pueden estar sesgadas. Parece mentira que esto moleste tanto a la izquierda, y estamos en contra. ¿Qué necesidad hay de esto?”, ha cuestionado.

Magisterio. Jueves, 12 de agosto de 2021